La Reforma de la Salud y los Derechos Humanos

En el informe 2008 sobre respeto a los Derechos Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales destaca, entre otros, el capítulo referido al Derecho a la Salud en el Plan Auge. En él se plantea que el modo en que se implementa el plan volvería inefectivo el acceso real a prestaciones “garantizadas”, así como el que el Plan tendría consecuencias negativas en términos de discriminación por edad, distribución geográfica y género.

Ciertamente, el informe constituye un valioso aporte como forma de control ciudadano del cumplimiento por parte del Estado de las obligaciones que le corresponde, especialmente si ha habido un compromiso explícito por parte de las autoridades sobre el alcance concreto de ciertos derechos, como el de la protección de la salud. Sin embargo, tres elementos me parece merecedores de comentario, en el entendido que todos tenemos el deber de aportar en el debate acerca de cómo el Estado chileno puede avanzar en el cumplimiento de sus deberes respecto de la salud de las personas.

En primer lugar, el informe confunde la obligación de los Estados en garantizar la igualdad de acceso a la atención de la salud y a los servicios de salud, con la igualdad de prestaciones otorgadas por un mismo problema. Por ejemplo, cualquier persona puede acudir a un servicio de urgencia por un dolor de cabeza, pero algunos se irán para la casa a tomar aspirina, otros serán enviados al neurólogo y a otros se les hará un scanner de urgencia. Igualdad de acceso a la atención no es lo mismo que atención idéntica; al contrario de lo que parece concluirse del informe, las guías clínicas permiten justamente que tal discriminación no sea arbitraria.

Segundo, justamente sobre la discriminación, en vez de cuestionarla per se hay que decir que es un requisito básico para el funcionamiento del sistema de salud; es lo que se denomina Priorización. El problema sobreviene al definir qué criterios de priorización considerar; más aún ante la escasez de recursos (siempre limitados), que puede obligar a usar criterios distintos a los médicos o epidemiológicos. Así, si hay que decidir entre dar el único cupo de la UTI a un anciano con neumonía, o al joven que requiere ventilación mecánica por un accidente automovilístico, muchos optarían por el joven, aunque el anciano tenga más probabilidad de recuperarse, por el solo hecho de que uno es joven y el otro anciano ¿es legítimo discriminar por edad? A mi juicio sí, en tanto tal discriminación se oriente a hacer un bien mayor que el que se logre con decisiones alternativas.

El tercer punto se refiere a la crítica a la desigual distribución geográfica de los recursos humanos en salud. Plantea el informe distribuir especialistas por todo el país hasta los hospitales tipo 4, cuestión que no sólo es inviable desde el punto de vista financiero (ya que el concentrar especialistas permite economías de escala, por ejemplo compartir instrumentales, acceder a mejores servicios de apoyo, como laboratorio o rayos), también permite que los especialistas puedan interactuar más fácilmente, intercambio de experiencia, apoyándose mutuamente, lo que también redunda un mejor servicio para los pacientes. Nuevamente, la definición de la mejor distribución estará dada por el mayor bien a producir, es decir la mejor calidad de la atención, incorporando la cercanía geográfica como uno más de los elementos a considerar.

Como conclusión hemos de señalar que el derecho a la protección de la salud no implica acceder a atenciones idénticas, sino que a la atención que corresponde de acuerdo a los criterios de priorización que se han definido legítimamente, sin sufrir de arbitrariedades. La peor violación de este derecho, sería gastar los recursos en medidas que por tratar de igualar a cualquier costo, terminan no produciendo el mayor beneficio para quienes viven en nuestro país.

Lo que queda por discutir es cómo hacer para que la situación de salud no dependa tanto de la condición socioeconómica. Esto es un problema que va mucho más allá del cómo se organiza el sistema de salud, sino que tiene que ver con el tipo de sociedad que estamos construyendo.