sábado, 4 de abril de 2009

Debate sobre el aborto

(Publicado en El Mercurio 20/02/2009)

Señor Director:

Quisiera felicitar la altura de miras que ha tomado el debate en torno al aborto a través de esta sección del diario.

Entre los elementos destacables de tal debate cabe mencionar la coincidencia en torno a la necesidad de que los médicos enfrentados a casos de difícil resolución por sus implicancias éticas tengan la preocupación de tomar decisiones consultadas como parte de una buena formación ética, como sugiere el Dr. Arraztoa, y que tales consultas sean posibilitadas a través de instancias dedicadas a tal efecto: los comités de ética a los que hace referencia el Dr. Gayán.

En ese sentido, quisiera destacar el avance que significará la incorporación de dichos comités en nuestro ordenamiento legal a través de la ley que "regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud", actualmente en su segundo trámite constitucional en el Senado.

La importancia de tales comités radica en la posibilidad de ayudar a resolver casos como los mencionados por el Dr. Gayán en su carta de ayer, jueves 19, sin necesidad de una legislación que, por intentar tipificar los casos, podría terminar por fosilizar la aplicación de los principios éticos que debieran guiar las decisiones en tales circunstancias.

Así, por ejemplo, la propuesta del Dr. Gayán plantea establecer legalmente como límite las 12 semanas de gestación para no considerar como aborto la interrupción del embarazo en casos de cáncer cérvico-uterino en etapas IB1 y IA 2 con indicación de histerectomía total. Independientemente de que habría que preguntar al Dr. Gayán por qué el legislador debiera tomar 12 semanas como límite y no 13 o 14, cabría preguntarse también si en el futuro el propio Dr. Gayán no cambiará de opinión respecto de este límite, enfrentado a circunstancias particulares y a nuevos avances en el conocimiento médico respecto del cáncer cérvico-uterino.

La conclusión es que una legislación específica para tales casos no sólo parece innecesaria, sino que puede resultar contraproducente; más aún, habida cuenta de la posibilidad de profundizar en vías institucionales alternativas como la consolidación de los comités de ética a lo largo del país.

Dr. Jaime Burrows

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