Notificaciones de VIH ¿gestión o algo más?

La sociedad chilena ha visto consternada las informaciones sobre la no notificación de VIH; especialmente el que no fuese algo puntual y específico de un determinado centro hospitalario, sino una realidad que se repite a lo largo del país.

Varios personeros han acusado al sector público de salud de fallas en la gestión. Según algunos, esas fallas se deberían a la insuficiencia de recursos del sector, especialmente para atraer "gestores" a los servicios y centros hospitalarios; otros culpan a las reformas que descentralizaron el SNS y lo hicieron más permeable a la "injerencia política"; finalmente están los que creen que el sector público es por esencia ineficiente, y abogan por una mayor preponderancia del sector privado. Sin embargo, quedó en evidencia que el problema se repite también en el sector privado. ¿Hay entonces un problema de gestión en ambos sectores? Puede ser, pero más importante es que queda claro que el problema va más allá de la gestión.

Se atribuye también responsabilidad a una "mala ley". Puede ser que una ley corregida entregue mejores herramientas para controlar la epidemia. Sin embargo, el problema es mucho más profundo. A diferencia de otras enfermedades de transmisión sexual, el SIDA/VIH surge como problema de salud pública en un contexto social cada vez más individualista. Así, la tendencia mundial fue propugnar una defensa a ultranza de la primacía de la autonomía individual, bajo el slogan de la "confidencialidad".

Una nueva Ley del Sida debiera recoger como lección el que el control de una enfermedad tan grave no puede recaer en la voluntad del portador de ser informado, o de querer informar a sus contactos. Está por verse cuántas son las personas contagiadas por portadores no notificados; pero igualmente importante sería saber cuántas son las personas contagiadas por portadores que, sabiéndose enfermos, prefirieron no alertar a sus parejas de su situación. Si las personas así contagiadas pudieron haber sido alertadas por personal sanitario, como es el caso de cónyuges de portadores, y no lo fueron, como sociedad les hemos fallado. Les hemos fallado en nuestro deber de cuidarnos los unos a los otros.

Las aristas éticas de la crisis por la (no) notificación de VIH.

En carta a El Mercurio, el Dr. Kotow invita a la reflexión ética acerca de las prácticas sanitarias relacionadas con el VIH/SIDA, enfatizando la necesidad de una “acusiosidad ética extrema” en el trato para quienes pertenecen a poblaciones de riesgo, para evitar la discriminación.

Comenzando por identificar el ámbito del problema, el VIH/SIDA se sitúa, por una parte, en un ámbito personal; es padecido individualmente por el portador/enfermo. Si todo el sistema sanitario está organizado para beneficio de las personas, sin discriminación, entonces nunca debiera permitirse que su intervención genere discriminación alguna, sea cual sea la enfermedad del paciente. El Ministerio de Salud ha tenido presente la necesidad de mejorar la protección de la privacidad de los pacientes, incorporándola al proyecto de ley sobre derechos y deberes de las personas en la atención de salud, el que ha logrado importantes avances gracias al trabajo de nuestros parlamentarios.

Sin embargo, el VIH/SIDA se sitúa también en el ámbito público. Como otras enfermedades transmisibles, constituye un problema para quienes podrían contagiarse por un portador del virus, de no mediar algún tipo de intervención. Hasta ahora, tal intervención ha recaído principalmente en la conducta de “sexo seguro” del portador, y de la prevención que hagan los potenciales contactos incentivados a tener conductas seguras a través de múltiples campañas de prevención. La pregunta que se sigue es ¿estamos haciendo todo lo necesario para enfrentar la pandemia del VIH/SIDA?

En este ámbito se evidencia el conflicto entre las teorías éticas que habitualmente sirven para enmarcar la definición de las políticas públicas. Por una parte, la ética que enfatiza la libertad individual, reflejada en la defensa a ultranza la autonomía y los “derechos” individuales; por otra parte, una ética que enfatiza la maximización de la utilidad social, aunque esto signifique relativizar derechos individuales.

Quizás para solucionar este conflicto sea necesario recordar que leyes, derechos, normas, y sistema sanitario, son constructos sociales cuyo fin último es servir al bien de las personas. Dilucidar cuál es el bien que nuestra sociedad quiere para las personas que la componen, será la pauta para saber si en este y otros casos, estamos o no haciendo lo suficiente.

Acusación Constitucional

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de una acalorada disputa entre gobierno y oposición, como consecuencia de los resultados que arrojara la investigación de la Contraloría a las cuentas del Mineduc. La oposición decidió concentrar su artillería sobre la persona de la ministra Yasna Provoste, quien deberá enfrentar una acusación constitucional.

La lógica política tradicional hubiera indicado, en un escenario de minoría en el Senado, que lo más apropiado era haber “quemado el fusible”, deponiendo a la ministra para que el problema no escalara hasta la Presidenta. Sin embargo, Michelle Bachelet -escapando de los moldes tradicionales-, ha decidido no solo conservar a su Ministra de Educación, sino que salir en su defensa públicamente, comprometiendo su propio “capital político” a través de esta decisión.
Algunos plantean que la decisión de la Presidenta tiene relación con la tesis del femicidio político. Si la acusación a la ministra se trata o no de tal femicidio, o si es sólo parte de la lógica del desalojo que ha adoptado mayoritariamente la oposición, es algo que quizás debieran responder los expertos en ciencia política.

A mi juicio, más importante que la validez de las tesis del femicidio, o del desalojo, es la introducción -por parte de la Presidenta-, de una visión ética de la política que todos debiéramos valorar, y que tal parece que Joaquín Lavín ya está haciendo.

Terminar con la lógica de “el fin justifica los medios” -como destituir a un ministro sólo como reacción a la publicidad de un problema, o levantar una acusación constitucional que sólo busca debilitar al gobierno-, es lo que debiéramos pedir a nuestra clase política. El valiente gesto de la Presidenta demuestra que su liderazgo “diferente” tiene sobre todo, un sólido fundamento ético: actuar de acuerdo a lo que es justo.