¿Cuáles serían (según tu opinión) los métodos que desde la perspectiva de salud pública el Estado debe poner a disposición de hombres y mujeres? Respuesta a Carolina Jorquera.
Estimada Carolina,
Esa es ciertamente una pregunta compleja. Para responderla es necesario contestar primero una más general ¿cuáles son nuestros objetivos en Salud Pública? El gobierno estableció 4 objetivos para la década: (1) Mejorar los logros sanitarios alcanzados, (2) Enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento de la población y de los cambios de la sociedad, (3) Disminuir las desigualdades en salud (4) Proveer servicios acordes a las expectativas de la población. En virtud de estos objetivos se articuló la reforma, fijando como prioridad garantizar aquellas intervenciones que efectivamente contribuyen a lograrlos.
En específico, las políticas de salud reproductiva tiene varias aristas: el control de las enfermedades de transmisión sexual, el ‘control’ de la natalidad, ‘tratamiento’ de la infertilidad, todo lo que dice relación con el control del embarazo, el parto y el cuidado del recién nacido, etc.
Nuestra situación sanitaria demuestra que en Chile, respecto del control del embarazo, las políticas implementadas han sido ‘exitosas’ (lo que se tradujo en una baja tasa de natalidad, por debajo del requerido para crecimiento vegetativo= población que disminuye y envejece). Así mismo, la mortalidad materna es muy baja, y dentro de estas las debidas a aborto en la práctica inexistente: en Chile se mueren alrededor de 30 mujeres al año en relación al embarazo, 25 de las cuales tienen que ver con Hipertensión Arterial (Eclampsia), de 0 a 3 al año se debe a infecciones que ‘pudieran’ relacionarse con aborto ilegal (de lo que obviamente no hay registro fidedigno). (Dicho sea de paso, estas cifras desmienten la falacia de que en Chile se producen 200.000 abortos/año). En cambio nuestro control de ETS, por ejemplo, está aún al debe, especialmente con el VIH.
Sin embargo, los logros están distribuidos inequitativamente. La mortalidad infantil en las comunas pobres es varias veces mayor que en comunas ricas, por ejemplo. El embarazo adolescente es también varias veces mayor en las comunas pobres, etc.
En este contexto, las intervenciones debieran evaluarse en primer lugar en términos de efectividad. En un contexto meramente técnico, la PDD no tiene impacto significativo en la disminución de la natalidad, ni general ni particularmente entre las adolescentes; ni en disminuir el número de abortos. De hecho en países como Inglaterra, la distribución de PDD ha coincidido con un aumento de ETS y abortos, aunque aún no se puede asegurar causalidad.
Por otra parte, el acceso a condones es comprobadamente efectivo en disminuir embarazos y ETS, especialmente en adolescentes. Sin embargo en Chile, su distribución es escasa en el sistema público: hay comunas que entregan 4 condones al mes para parejas que no pueden ocupar otros medios; de los adolescentes, ni hablar.
En términos de equidad en el uso de métodos anticonceptivos, aparte de lo que pasa con los condones, hay una notable diferencia entre el uso de anticoncepción hormonal y dispositivos intrauterinos: cuando una mujer va a una consulta, le recetan pastillas; cuando va al consultorio, le enchufan un DIU. Les dicen que es más cómodo, una vez cada 3 años y se acabó, pero la verdad es que es menos efectivo, y tiene muchos más efectos adversos. Por lo demás, el efecto antiimplantatorio sí está comprobado en el caso del DIU.
Antes de discutir el tema de la acción o no del PDD en la implantación del embrión, cae de cajón que las prioridades están cambiadas: tal parece que se ha priorizado un tema ideológico: maximizar las libertades individuales, antes de las reales necesidades de salud de la población.
Desde el punto de vista ético-social (omito la ética clínica por razón de espacio), el uso o no de ciertas intervenciones se rigen habitualmente, entre otros, por el principio de no dañar (como mínimo ético). Para establecer si se produce o no daño, está el ISP, el que mira el tema desde un punto de vista científico. El que el ISP adopte una postura cartesiana, se debe al contexto actual de la ciencia; entonces requiere de ‘pruebas’ que confirmen el daño. La misma visión adoptó la corte suprema. El TC no se pronunció sobre el fondo, sino sobre la forma; etc. En definitiva, el Estado de Chile ha adoptado una postura que subestima la ‘lógica’ en beneficio de la ‘ciencia empírica’. Tales posturas pueden ser objeto de crítica, pero como ciudadanos debemos respetarlas.
Esto, sin embargo, no obsta adoptar medidas prudenciales, cuando se sospecha que pudiera, en el futuro, comprobarse el daño. De esta forma, la política de anticoncepción debiera priorizar: (1) el aumento en el acceso a condones, especialmente para adolescentes, (2) debiera equipararse el uso de anticonceptivos hormonales en los servicios públicos, a su uso en el área privada, (3) reducir progresivamente el uso del DIU, ojalá hasta eliminar su uso, y (4) reservar la PDD sólo para casos de emergencia (esto es, requerir indicación profesional).
Todo esto acompañado de la debida educación sexual, pero ese es un tema para otro debate.
Saludos
Jaime
Mostrando entradas con la etiqueta Chile. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Chile. Mostrar todas las entradas
miércoles, 22 de julio de 2009
jueves, 22 de enero de 2009
SOBRE LA IDEA DE DESPENALIZAR EL ABORTO EN CHILE
Por Dr. Jaime Burrows Oyarzún
La despenalización del Aborto es un tema recurrente y sobre el cual está pendiente un debate de fondo, más aún cuando se trata de un tema capaz de generar una importante fisura en la coalición de gobierno. Intentaremos analizar el tema colocando sobre la mesa las razones esgrimidas por los defensores de la legalización del aborto, y las contrapondremos con las razones para no permitir tal práctica, proponiendo el enfoque con el que, desde el punto de vista Humanista Cristiano, debiera abordarse las políticas públicas sobre tan álgido problema.
Argumentos que se ha planteado para despenalizar el Aborto
Los defensores de la despenalización del Aborto han planteado argumentos que podríamos clasificar básicamente de la siguiente forma:
1. Argumento “Liberal”: Se ha planteado que en el plano de las libertades individuales, cualquier persona puede hacer con su cuerpo lo que libre y voluntariamente decida hacer, a menos que esto interfiera con la libertad de otra persona. Para satisfacer este criterio, se requiere establecer un momento límite desde el que la otra persona se considera tal, como sujeto de derecho a su propia libertad. Existe una amplia variedad de aplicaciones de este argumento, que van a definir este límite desde el momento de la implantación del embrión en el útero, hasta el momento en que este sería viable para la vida extrauterina. Quedarían fuera de esta condición además aquellos que nunca podrían llegar a ejercer su libertad, como los fetos anencéfalos o con otro tipo de anomalías congénitas severas.
2. Argumento “Feminista”: Bajo este rótulo se identifica los argumentos esgrimidos por grupos que plantean no sólo el derecho a decidir libre y voluntariamente sobre el propio cuerpo en un sentido amplio, sino que, aún cuando existiese en el embrión o feto otro individuo merecedor de respeto, el vínculo producido por el embarazo es una suerte de atentado contra la libertad e integridad de la mujer. De acuerdo a este argumento la mujer, por el sólo hecho de estar embarazada, no puede estar obligada a tener que aceptarlo. Poder abortar es expresión de los llamados derechos sexuales y reproductivos, en la línea de la lucha en contra de las distintas formas de discriminación contra la mujer.
3. Argumento “Utilitarista”: Este tiene que ver con la “utilidad” del aborto en términos del bienestar obtenido y el sufrimiento evitado. Por una parte, se ha planteado que el acceso a un aborto legal evita la enfermedad o muerte de las mujeres que de otra forma lo realizarían sin las condiciones necesarias para evitar las complicaciones sépticas; por otra parte, el acceso al aborto legal beneficiaría a las familias al ayudar a evitar el nacimiento de niños que o van a sufrir por la pobreza, o por que son portadores de una enfermedad congénita. Este argumento ha sido presentado principalmente como un argumento sanitario, por cuanto desde el punto de vista de los indicadores biomédicos, el aborto legal tendría como consecuencia la disminución de la mortalidad materna —al disminuir las sepsis post aborto—, y de la mortalidad infantil —al disminuir los niños “no viables” que nacen—. Al igual que el argumento liberal, el argumento utilitarista requiere del establecimiento de un límite a partir del cual, el embrión o feto comienza a ser considerado un individuo que, en este caso, debe también ser considerado en el cálculo utilitarista. Habitualmente se establece como tal límite, el momento desde el cual el feto podría “sufrir” por el procedimiento abortivo; esto es, cuando se ha desarrollado el Sistema Nervioso Central.
4. Argumento “Ecológico”: Un último tipo de argumento, en esta básica taxonomía que proponemos, es el que se relaciona con la supuesta moralidad de aquellas conductas que son normales, entendiendo por “normalidad” aquella dada por la mayor frecuencia de la conducta. En este caso se plantea que debido a que el aborto sería una conducta tan frecuente como para dar término a un tercio de los embarazos, por lo que sería un acto “normal”, de lo que se deriva que no es inmoral, y por lo tanto, no puede ser punible.
Crítica a los argumentos para despenalizar el Aborto
No pretendemos intentar en un documento como este refutar tan importantes corrientes filosóficas y éticas, como el Liberalismo, el Utilitarismo, y el Feminismo, sino enunciar los elementos centrales de porqué consideramos que en la discusión sobre la despenalización del aborto, ellas se han usado para llegar a la errada conclusión de que el aborto es moralmente aceptable.
En primer lugar, parece necesario revisar la verosimilitud de ciertos supuestos sobre los cuales se elaboran los argumentos —por ejemplo, si es cierto o no el número de abortos referido—, o si la legalización disminuiría o no la mortalidad materno-infantil.
Según se ha señalado, habría 160.000 abortos ilegales al año en Chile, cifra que es “estimada” en base a datos indirectos, cifras internacionales, y sobretodo, el juicio de “expertos”. En los países en que es legal, el número de abortos por cada 100 Recién Nacidos Vivos va desde +-15 a +-50; por ejemplo, Canadá 2002: 32.1, Reino Unido 2004: 16.9, USA 2005: 24.6; las más altas tasas corresponden a los países europeos orientales ex comunistas (Health Statistics Division 2003). Sin embargo, desde su legalización, se ha verificado un aumento en las tasas de aborto: Canadá de 1971 a 2002 va de 10,1 a 32,1; en Reino Unido de 1969 a 2004 sube de 5,3 a 16,9; en USA de 19,6 en 1973 a 36,4 en 1990, con declinación progresiva desde entonces al 24,6 actual. De este modo, parece poco plausible a priori, que en Chile exista en circunstancias “previas a la legalización”, cifras de aborto por sobre las que se dan en países donde se ha pasado por años de proceso de aceptación cultural, no exentos de debates acerca de su legitimidad.
Adicionalmente, 160.000 abortos ilegales al año implicarían que, con 3.825.136 mujeres en edad fértil (INE 2004a), y 35 los años de vida fértil, cada mujer en Chile se haría aproximadamente 1,5 abortos durante su vida en promedio, lo cual es evidentemente inverosímil.
Respecto de la supuesta disminución de la mortalidad materno-infantil que se lograría, cabe citar a modo de ejemplo que el año 2003 fallecieron Chile sólo 30 mujeres por causas asociadas a la maternidad -lo que implica una tasa de mortalidad materna de 12,2 por cada 100.000 nacidos vivos-; sólo 2 de estas defunciones fueron atribuibles al aborto. En el mismo año la tasa de mortalidad materna en EEUU fue de 9,3/100.000 NV, país en que el aborto es legal. La diferencia de tasas no está dada por el aborto, sino por causas como un nivel menor de control de la Hipertensión durante el embarazo (Donoso & Oyarzún 2005). Por otra parte, la mortalidad infantil en Chile es de alrededor de 7,8 por 1000 NV (INE 2004b), versus un 6,4 por 1000 NV en EEUU. Como se ve, la brecha con dicho país norteamericano no es importante, y difícilmente se podría explicar por la ausencia de una legislación que permitiese el Aborto.
Abordando los argumentos más bien de fondo, podemos señalar respecto de los argumentos liberal y utilitarista, en primer lugar, el que requieren de un límite temporal a partir del cual se debe comenzar a reconocer en el embrión o feto la existencia como individuo, y su derecho a ser considerado como tal, ya sea para el ejercicio de la libertad, o para el cálculo de utilidad, respectivamente. En ambos casos este límite es arbitrario, lo cual implica el riesgo de un pre-juicio moral: colocar el límite según si pretendo una evaluación moral positiva o negativa.
En segundo lugar, reconocer que existen seres humanos que, al no poder ejercer la libertad debido a que carecen o han perdido su capacidad racional, o al no poder ser considerados en el cálculo de utilidad porque su vida significa una carga demasiado pesada en sufrimiento para sí, para quienes se hacen cargo de ellos o para la sociedad en general, la consecuencia lógica sería que no solo a embriones o fetos habría que abandonar o deshacerse de ellos; lo mismo habría que hacer con niños nacido con graves enfermedades genéticas, personas en Estado Vegetativo Persistente, ancianos con enfermedad de Alzheimer, a quienes sería legítimo aplicar la eutanasia, tal como se ha planteado en algunos países industrializados (El filósofo Michael Tooley, siguiendo esta línea, justifica no sólo el aborto sino también el infanticidio. (Bouchier-Hayes 1998)).
En tercer lugar ambas doctrinas se fundamentan en una visión del ser humano intrínsecamente egoísta, cuya motivación es sólo la búsqueda de su propio beneficio, ya sea por medio de un ejercicio casi irrestricto de su libertad, o por medio de la mayor satisfacción hedonista para el mayor número de individuos.
Por su parte, el uso del argumento feminista falla en la desproporción existente entre la “agresión” que significa un embarazo no deseado, especialmente si es producto de una violación, y la solución permitida para reparar esta situación: la muerte de un ser humano inocente que es muchas veces tan víctima como su propia madre. Ni siquiera a quien perpetra una violación se le castiga con la privación de la vida.
Porqué condenar el Aborto
Junto con señalar las debilidades que manifiestan los argumentos que sostienen quienes apoyan la legalización del aborto, es necesario plantear argumentos a favor de la condena del Aborto como una violación al respeto que debemos brindar como sociedad a la vida del ser humano desde su inicio.
1. Si reconocemos que los Seres Humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (ONU 1948), debemos reconocer que la libertad e igualdad en dignidad y derechos es compartida también por los Seres Humanos que están por nacer: La vida de un ser humano se inicia en el momento de la concepción, existiendo una misma identidad que une la célula inicial o cigoto, con el complejo organismo que deja de existir al momento de fallecer. Esta identidad no está dada por la identidad biológica, toda vez que es sabido en nuestro organismo las células nacen y mueren —manteniendo una impresionante tasa de recambio—, y cuando el ser humano fallece, son escasísimas las células que ya existían al momento de nacer. En el extremo, uno pudiera decir que de un día a otro uno ya no es el mismo; sin embargo, nuestra natural intuición es que somos el mismo individuo ahora que cuando éramos niños.
Se trata entonces de una identidad ontológica. Es el mismo Ser Humano el que se procrea, nace y muere. Por lo tanto, aún sin haber nacido, a los Seres Humanos se les debe reconocimiento y respeto, tal como lo reconoce el Artículo 19 Nº1 de nuestra Constitución (Chile 2005), y el Artículo 4, Nº 1 del Pacto de San José de Costa Rica (CEISDDHH 1969).
2. Aceptar la existencia de un otro en el embrión o feto, es equivalente a la aceptación de las personas que nos rodean. Es evidente que no todos los embarazos se desarrollan intencionalmente, y muchos de estos no son fácilmente aceptados; pero así como encontramos un deber ético aceptar que en la sociedad existan personas con las que podemos llegar a tener graves conflictos sin pensar que por ello debamos eliminarlas, del mismo modo, la presencia de un embarazo no deseado, no puede llevarnos a pensar como la solución la eliminación del embrión o feto. Por ejemplo, cuando un grupo étnico minoritario que ha emigrado al territorio de otro grupo étnico, con costumbres, creencias religiosas y leyes distintas, y se niega a adoptar las existentes en el lugar al que llega, genera graves trastornos al grupo humano que los recibe, ¿Justifica esto la aniquilación de ese grupo de personas? Evidentemente no, la aniquilación de los inmigrantes en sí, no puede ser considerada como parte de la solución de los problemas generados, y quienes lo han hecho han sido considerados los más bárbaros criminales en la historia humana. Al contrario, el deber moral de las naciones es buscar una solución pacífica que aminore los efectos de su inserción social. Así mismo, la solución de los embarazos no deseados pasa por buscar una solución “pacífica” para madre e hijo.
3. Desde punto de vista médico, la necesidad del aborto terapéutico es cada vez más rara y excepcional. Dado los avances de la medicina, gran parte de lo que antes sólo se solucionaba con la interrupción del embarazo, como patologías asociadas a insuficiencias cardíacas, renales, hepáticas, respiratorias, endocrinas, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades autoinmunes u otras de la madre. Frente a aquellos pocos casos que no son manejables desde otro punto de vista, lo que corresponde es un análisis particular caso a caso, con la ayuda de los comités de ética asistencial, encontrándose las más de las veces con la conclusión de que lo que se realiza es la interrupción del embarazo —el que puede o no producir la muerte del feto—; tales casos no constituyen aborto terapéutico ya que “La paciente no se cura porque el embrión o feto muere, sino que el embrión o feto muere al curar el médico la enfermedad” (Besio n.d.).
Más allá del Aborto, una visión integral del Ser Humano
Consideramos que nuestros argumentos son consistentes en el respeto a la dignidad de la persona, desde la concepción hasta la muerte. Por ello nos preocupa no sólo los abortos, sino las mujeres que abortan. Cabe preguntarse qué lleva a abortar, cómo podemos identificar las mujeres en riesgo de abortar, y qué manejo debemos hacer con los casos que se den a pesar de toda la acción preventiva en la que nuestro sistema de Salud ha puesto empeño.
Nuestro objetivo no puede ser más la disminución de la mortalidad materna por aborto; el aborto en sí es el problema, y un problema que es la punta del iceberg: pobreza, drogadicción, violencia intra o extrafamiliar, falta de expectativas, o un individualismo campante son también parte de este problema. Necesitamos saber cuántos abortos se producen y dónde, no para justificar o aprobar la legalización, sino para definir planes específicos de intervención.
Políticas de Estado focalizadas en grupos de mayor riesgo, no sólo en salud, también en educación, vivienda y trabajo, deben considerar con mayor claridad el enfoque de género. La situación social de desmedro que vive la mujer constituye una de las desigualdades más escandalosas en nuestro país.
Desde ya sabemos que un grupo importante de riesgo de aborto, lo constituyen las adolescentes (10-19 años). En los países donde es legal, es el grupo etario en que más abortos sobre número de embarazos se realiza, y en las menores de 15 si bien son menos los embarazos, las tasas llegan al 75% (CDC 2006). Debemos reforzar nuestras acciones en el ámbito educacional, y mejorar mucho el acceso de las adolescentes a consejería en sexualidad, métodos anticonceptivos, y si se embarazan, abrirles las puertas más anchas del sistema: en muchos aspectos son las que corren más riesgos.
Referencias
Bouchier-Hayes F. (1998) Philosophers on Abortion and Infanticide. Minerva, an Internet Journal of Philosophy. 1998 Vol 2. Disponible en http://www.ul.ie/~philos/vol2/bh.html (21 Enero 2009)
Besio M. (n.d.) Análisis ético sobre las interrupciones del embarazo, el aborto provocado y el aborto terapéutico. Centro de Bioética P. Universidad Católica de Chile. Disponible en http://escuela.med.puc.cl/deptos/Bioetica/Publ/AnalisisEtico.html (21 Enero 2009)
CDC (2006) Abortion Surveillance - United States2003. Surveillance Summaries. 55(SS11);1-32 Disponible en http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5511a1.htm (21 Enero 2009)
CEISDDHH (1969) (Conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos) Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Pacto de San José) Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html (21 Enero 2009)
Chile (2005). Constitución Política de la República de Chile. Santiago: LexisNexis.
Donoso E., Oyarzún E. (2005) Mortalidad Materna, Chile 2003: ¿Continúa El Gran Descenso? Rev. Chil Obstet Ginecol; 70(2): 79-82.
Health Statistics Division (2003). Induced Abortion Statistics. Health Statistics Division, Statistics Canada. Disponible en: http://www.statcan.gc.ca/pub/82-223-x/82-223-x2006000-eng.htm (21 Enero 2009)
INE (2004a). Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo y Edad. Disponible en: http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/proyecciones/Informes/Microsoft%20Word%20-%20InforP_UR.pdf (21 Enero 2009)
INE (2004b). Anuario de Estadísticas Vitales 2003. Disponible en: http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/estadisticas_vitales/pdf/anuarios/vitales2003.zip (21 Enero 2009)
ONU (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948.
La despenalización del Aborto es un tema recurrente y sobre el cual está pendiente un debate de fondo, más aún cuando se trata de un tema capaz de generar una importante fisura en la coalición de gobierno. Intentaremos analizar el tema colocando sobre la mesa las razones esgrimidas por los defensores de la legalización del aborto, y las contrapondremos con las razones para no permitir tal práctica, proponiendo el enfoque con el que, desde el punto de vista Humanista Cristiano, debiera abordarse las políticas públicas sobre tan álgido problema.
Argumentos que se ha planteado para despenalizar el Aborto
Los defensores de la despenalización del Aborto han planteado argumentos que podríamos clasificar básicamente de la siguiente forma:
1. Argumento “Liberal”: Se ha planteado que en el plano de las libertades individuales, cualquier persona puede hacer con su cuerpo lo que libre y voluntariamente decida hacer, a menos que esto interfiera con la libertad de otra persona. Para satisfacer este criterio, se requiere establecer un momento límite desde el que la otra persona se considera tal, como sujeto de derecho a su propia libertad. Existe una amplia variedad de aplicaciones de este argumento, que van a definir este límite desde el momento de la implantación del embrión en el útero, hasta el momento en que este sería viable para la vida extrauterina. Quedarían fuera de esta condición además aquellos que nunca podrían llegar a ejercer su libertad, como los fetos anencéfalos o con otro tipo de anomalías congénitas severas.
2. Argumento “Feminista”: Bajo este rótulo se identifica los argumentos esgrimidos por grupos que plantean no sólo el derecho a decidir libre y voluntariamente sobre el propio cuerpo en un sentido amplio, sino que, aún cuando existiese en el embrión o feto otro individuo merecedor de respeto, el vínculo producido por el embarazo es una suerte de atentado contra la libertad e integridad de la mujer. De acuerdo a este argumento la mujer, por el sólo hecho de estar embarazada, no puede estar obligada a tener que aceptarlo. Poder abortar es expresión de los llamados derechos sexuales y reproductivos, en la línea de la lucha en contra de las distintas formas de discriminación contra la mujer.
3. Argumento “Utilitarista”: Este tiene que ver con la “utilidad” del aborto en términos del bienestar obtenido y el sufrimiento evitado. Por una parte, se ha planteado que el acceso a un aborto legal evita la enfermedad o muerte de las mujeres que de otra forma lo realizarían sin las condiciones necesarias para evitar las complicaciones sépticas; por otra parte, el acceso al aborto legal beneficiaría a las familias al ayudar a evitar el nacimiento de niños que o van a sufrir por la pobreza, o por que son portadores de una enfermedad congénita. Este argumento ha sido presentado principalmente como un argumento sanitario, por cuanto desde el punto de vista de los indicadores biomédicos, el aborto legal tendría como consecuencia la disminución de la mortalidad materna —al disminuir las sepsis post aborto—, y de la mortalidad infantil —al disminuir los niños “no viables” que nacen—. Al igual que el argumento liberal, el argumento utilitarista requiere del establecimiento de un límite a partir del cual, el embrión o feto comienza a ser considerado un individuo que, en este caso, debe también ser considerado en el cálculo utilitarista. Habitualmente se establece como tal límite, el momento desde el cual el feto podría “sufrir” por el procedimiento abortivo; esto es, cuando se ha desarrollado el Sistema Nervioso Central.
4. Argumento “Ecológico”: Un último tipo de argumento, en esta básica taxonomía que proponemos, es el que se relaciona con la supuesta moralidad de aquellas conductas que son normales, entendiendo por “normalidad” aquella dada por la mayor frecuencia de la conducta. En este caso se plantea que debido a que el aborto sería una conducta tan frecuente como para dar término a un tercio de los embarazos, por lo que sería un acto “normal”, de lo que se deriva que no es inmoral, y por lo tanto, no puede ser punible.
Crítica a los argumentos para despenalizar el Aborto
No pretendemos intentar en un documento como este refutar tan importantes corrientes filosóficas y éticas, como el Liberalismo, el Utilitarismo, y el Feminismo, sino enunciar los elementos centrales de porqué consideramos que en la discusión sobre la despenalización del aborto, ellas se han usado para llegar a la errada conclusión de que el aborto es moralmente aceptable.
En primer lugar, parece necesario revisar la verosimilitud de ciertos supuestos sobre los cuales se elaboran los argumentos —por ejemplo, si es cierto o no el número de abortos referido—, o si la legalización disminuiría o no la mortalidad materno-infantil.
Según se ha señalado, habría 160.000 abortos ilegales al año en Chile, cifra que es “estimada” en base a datos indirectos, cifras internacionales, y sobretodo, el juicio de “expertos”. En los países en que es legal, el número de abortos por cada 100 Recién Nacidos Vivos va desde +-15 a +-50; por ejemplo, Canadá 2002: 32.1, Reino Unido 2004: 16.9, USA 2005: 24.6; las más altas tasas corresponden a los países europeos orientales ex comunistas (Health Statistics Division 2003). Sin embargo, desde su legalización, se ha verificado un aumento en las tasas de aborto: Canadá de 1971 a 2002 va de 10,1 a 32,1; en Reino Unido de 1969 a 2004 sube de 5,3 a 16,9; en USA de 19,6 en 1973 a 36,4 en 1990, con declinación progresiva desde entonces al 24,6 actual. De este modo, parece poco plausible a priori, que en Chile exista en circunstancias “previas a la legalización”, cifras de aborto por sobre las que se dan en países donde se ha pasado por años de proceso de aceptación cultural, no exentos de debates acerca de su legitimidad.
Adicionalmente, 160.000 abortos ilegales al año implicarían que, con 3.825.136 mujeres en edad fértil (INE 2004a), y 35 los años de vida fértil, cada mujer en Chile se haría aproximadamente 1,5 abortos durante su vida en promedio, lo cual es evidentemente inverosímil.
Respecto de la supuesta disminución de la mortalidad materno-infantil que se lograría, cabe citar a modo de ejemplo que el año 2003 fallecieron Chile sólo 30 mujeres por causas asociadas a la maternidad -lo que implica una tasa de mortalidad materna de 12,2 por cada 100.000 nacidos vivos-; sólo 2 de estas defunciones fueron atribuibles al aborto. En el mismo año la tasa de mortalidad materna en EEUU fue de 9,3/100.000 NV, país en que el aborto es legal. La diferencia de tasas no está dada por el aborto, sino por causas como un nivel menor de control de la Hipertensión durante el embarazo (Donoso & Oyarzún 2005). Por otra parte, la mortalidad infantil en Chile es de alrededor de 7,8 por 1000 NV (INE 2004b), versus un 6,4 por 1000 NV en EEUU. Como se ve, la brecha con dicho país norteamericano no es importante, y difícilmente se podría explicar por la ausencia de una legislación que permitiese el Aborto.
Abordando los argumentos más bien de fondo, podemos señalar respecto de los argumentos liberal y utilitarista, en primer lugar, el que requieren de un límite temporal a partir del cual se debe comenzar a reconocer en el embrión o feto la existencia como individuo, y su derecho a ser considerado como tal, ya sea para el ejercicio de la libertad, o para el cálculo de utilidad, respectivamente. En ambos casos este límite es arbitrario, lo cual implica el riesgo de un pre-juicio moral: colocar el límite según si pretendo una evaluación moral positiva o negativa.
En segundo lugar, reconocer que existen seres humanos que, al no poder ejercer la libertad debido a que carecen o han perdido su capacidad racional, o al no poder ser considerados en el cálculo de utilidad porque su vida significa una carga demasiado pesada en sufrimiento para sí, para quienes se hacen cargo de ellos o para la sociedad en general, la consecuencia lógica sería que no solo a embriones o fetos habría que abandonar o deshacerse de ellos; lo mismo habría que hacer con niños nacido con graves enfermedades genéticas, personas en Estado Vegetativo Persistente, ancianos con enfermedad de Alzheimer, a quienes sería legítimo aplicar la eutanasia, tal como se ha planteado en algunos países industrializados (El filósofo Michael Tooley, siguiendo esta línea, justifica no sólo el aborto sino también el infanticidio. (Bouchier-Hayes 1998)).
En tercer lugar ambas doctrinas se fundamentan en una visión del ser humano intrínsecamente egoísta, cuya motivación es sólo la búsqueda de su propio beneficio, ya sea por medio de un ejercicio casi irrestricto de su libertad, o por medio de la mayor satisfacción hedonista para el mayor número de individuos.
Por su parte, el uso del argumento feminista falla en la desproporción existente entre la “agresión” que significa un embarazo no deseado, especialmente si es producto de una violación, y la solución permitida para reparar esta situación: la muerte de un ser humano inocente que es muchas veces tan víctima como su propia madre. Ni siquiera a quien perpetra una violación se le castiga con la privación de la vida.
Porqué condenar el Aborto
Junto con señalar las debilidades que manifiestan los argumentos que sostienen quienes apoyan la legalización del aborto, es necesario plantear argumentos a favor de la condena del Aborto como una violación al respeto que debemos brindar como sociedad a la vida del ser humano desde su inicio.
1. Si reconocemos que los Seres Humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (ONU 1948), debemos reconocer que la libertad e igualdad en dignidad y derechos es compartida también por los Seres Humanos que están por nacer: La vida de un ser humano se inicia en el momento de la concepción, existiendo una misma identidad que une la célula inicial o cigoto, con el complejo organismo que deja de existir al momento de fallecer. Esta identidad no está dada por la identidad biológica, toda vez que es sabido en nuestro organismo las células nacen y mueren —manteniendo una impresionante tasa de recambio—, y cuando el ser humano fallece, son escasísimas las células que ya existían al momento de nacer. En el extremo, uno pudiera decir que de un día a otro uno ya no es el mismo; sin embargo, nuestra natural intuición es que somos el mismo individuo ahora que cuando éramos niños.
Se trata entonces de una identidad ontológica. Es el mismo Ser Humano el que se procrea, nace y muere. Por lo tanto, aún sin haber nacido, a los Seres Humanos se les debe reconocimiento y respeto, tal como lo reconoce el Artículo 19 Nº1 de nuestra Constitución (Chile 2005), y el Artículo 4, Nº 1 del Pacto de San José de Costa Rica (CEISDDHH 1969).
2. Aceptar la existencia de un otro en el embrión o feto, es equivalente a la aceptación de las personas que nos rodean. Es evidente que no todos los embarazos se desarrollan intencionalmente, y muchos de estos no son fácilmente aceptados; pero así como encontramos un deber ético aceptar que en la sociedad existan personas con las que podemos llegar a tener graves conflictos sin pensar que por ello debamos eliminarlas, del mismo modo, la presencia de un embarazo no deseado, no puede llevarnos a pensar como la solución la eliminación del embrión o feto. Por ejemplo, cuando un grupo étnico minoritario que ha emigrado al territorio de otro grupo étnico, con costumbres, creencias religiosas y leyes distintas, y se niega a adoptar las existentes en el lugar al que llega, genera graves trastornos al grupo humano que los recibe, ¿Justifica esto la aniquilación de ese grupo de personas? Evidentemente no, la aniquilación de los inmigrantes en sí, no puede ser considerada como parte de la solución de los problemas generados, y quienes lo han hecho han sido considerados los más bárbaros criminales en la historia humana. Al contrario, el deber moral de las naciones es buscar una solución pacífica que aminore los efectos de su inserción social. Así mismo, la solución de los embarazos no deseados pasa por buscar una solución “pacífica” para madre e hijo.
3. Desde punto de vista médico, la necesidad del aborto terapéutico es cada vez más rara y excepcional. Dado los avances de la medicina, gran parte de lo que antes sólo se solucionaba con la interrupción del embarazo, como patologías asociadas a insuficiencias cardíacas, renales, hepáticas, respiratorias, endocrinas, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades autoinmunes u otras de la madre. Frente a aquellos pocos casos que no son manejables desde otro punto de vista, lo que corresponde es un análisis particular caso a caso, con la ayuda de los comités de ética asistencial, encontrándose las más de las veces con la conclusión de que lo que se realiza es la interrupción del embarazo —el que puede o no producir la muerte del feto—; tales casos no constituyen aborto terapéutico ya que “La paciente no se cura porque el embrión o feto muere, sino que el embrión o feto muere al curar el médico la enfermedad” (Besio n.d.).
Más allá del Aborto, una visión integral del Ser Humano
Consideramos que nuestros argumentos son consistentes en el respeto a la dignidad de la persona, desde la concepción hasta la muerte. Por ello nos preocupa no sólo los abortos, sino las mujeres que abortan. Cabe preguntarse qué lleva a abortar, cómo podemos identificar las mujeres en riesgo de abortar, y qué manejo debemos hacer con los casos que se den a pesar de toda la acción preventiva en la que nuestro sistema de Salud ha puesto empeño.
Nuestro objetivo no puede ser más la disminución de la mortalidad materna por aborto; el aborto en sí es el problema, y un problema que es la punta del iceberg: pobreza, drogadicción, violencia intra o extrafamiliar, falta de expectativas, o un individualismo campante son también parte de este problema. Necesitamos saber cuántos abortos se producen y dónde, no para justificar o aprobar la legalización, sino para definir planes específicos de intervención.
Políticas de Estado focalizadas en grupos de mayor riesgo, no sólo en salud, también en educación, vivienda y trabajo, deben considerar con mayor claridad el enfoque de género. La situación social de desmedro que vive la mujer constituye una de las desigualdades más escandalosas en nuestro país.
Desde ya sabemos que un grupo importante de riesgo de aborto, lo constituyen las adolescentes (10-19 años). En los países donde es legal, es el grupo etario en que más abortos sobre número de embarazos se realiza, y en las menores de 15 si bien son menos los embarazos, las tasas llegan al 75% (CDC 2006). Debemos reforzar nuestras acciones en el ámbito educacional, y mejorar mucho el acceso de las adolescentes a consejería en sexualidad, métodos anticonceptivos, y si se embarazan, abrirles las puertas más anchas del sistema: en muchos aspectos son las que corren más riesgos.
Referencias
Bouchier-Hayes F. (1998) Philosophers on Abortion and Infanticide. Minerva, an Internet Journal of Philosophy. 1998 Vol 2. Disponible en http://www.ul.ie/~philos/vol2/bh.html (21 Enero 2009)
Besio M. (n.d.) Análisis ético sobre las interrupciones del embarazo, el aborto provocado y el aborto terapéutico. Centro de Bioética P. Universidad Católica de Chile. Disponible en http://escuela.med.puc.cl/deptos/Bioetica/Publ/AnalisisEtico.html (21 Enero 2009)
CDC (2006) Abortion Surveillance - United States2003. Surveillance Summaries. 55(SS11);1-32 Disponible en http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5511a1.htm (21 Enero 2009)
CEISDDHH (1969) (Conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos) Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Pacto de San José) Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html (21 Enero 2009)
Chile (2005). Constitución Política de la República de Chile. Santiago: LexisNexis.
Donoso E., Oyarzún E. (2005) Mortalidad Materna, Chile 2003: ¿Continúa El Gran Descenso? Rev. Chil Obstet Ginecol; 70(2): 79-82.
Health Statistics Division (2003). Induced Abortion Statistics. Health Statistics Division, Statistics Canada. Disponible en: http://www.statcan.gc.ca/pub/82-223-x/82-223-x2006000-eng.htm (21 Enero 2009)
INE (2004a). Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo y Edad. Disponible en: http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/proyecciones/Informes/Microsoft%20Word%20-%20InforP_UR.pdf (21 Enero 2009)
INE (2004b). Anuario de Estadísticas Vitales 2003. Disponible en: http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/estadisticas_vitales/pdf/anuarios/vitales2003.zip (21 Enero 2009)
ONU (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948.
miércoles, 14 de enero de 2009
Reflexiones sobre el Examen Médico Nacional
A partir de los resultados del Examen Médico Nacional conocidos ayer, surgen una serie de reflexiones, de las cuales me gustaría destacar dos:
La primera dice relación con la eventual diferencia de ‘calidad profesional’ entre médicos formados en distintos lugares. Si bien comparar a través del desempeño de sus recién egresados los resultados de las distintas facultades de medicina de ASOFAMECH, ha sido una de las principales externalidades positivas del examen, se ha dicho que los médicos formados el extranjero, habrían obtenido malos resultados debido a que en su mayoría no son recién egresados y habrían ‘olvidado parte de sus conocimientos’; lo cual no deja de ser cierto. Pero cabe preguntarse ¿No existirá un nivel mínimo de conocimientos que debiera manejar un médico, en todo momento de su vida profesional? Si para ejercer en la atención primaria se requiere, al menos, los conocimientos generales aprendidos en el pregrado, entonces el ‘efecto tiempo’, en vez de ser una justificación para la incompetencia, debiera ser razón para exigir, como en los países desarrollados, la acreditación continua.
La segunda reflexión tiene que ver con las consecuencias de la aplicación parcial del Examen Único Nacional de Conocimientos en Medicina. Al servir sólo para que quienes quieran trabajar en el sector público, acrediten cierto nivel de competencia, existe un riesgo claro de desplazar un número no menor de profesionales a ejercer privadamente. Sin embargo, esta migración no podrá ser absorbida por las instituciones privadas serias y reconocidas, que seguramente exigirán el cumplimiento de los mismos estándares; al contrario, proliferarán aún más las consultas individuales, donde es mucho más difícil ejercer un control eficaz para proteger a los pacientes de la incompetencia de algunos.
En síntesis, los resultados del Examen Médico Nacional dan una voz de alerta frente a la necesidad de garantizar que en Chile, sea cual sea el lugar donde se es atendido, todos los pacientes reciban atención médica de calidad y con conocimientos debidamente actualizados. Por ello nos parece necesario avanzar hacia la aplicación universal de dicho examen para ejercer la profesión médica, y a establecer un sistema de acreditación continua.
La primera dice relación con la eventual diferencia de ‘calidad profesional’ entre médicos formados en distintos lugares. Si bien comparar a través del desempeño de sus recién egresados los resultados de las distintas facultades de medicina de ASOFAMECH, ha sido una de las principales externalidades positivas del examen, se ha dicho que los médicos formados el extranjero, habrían obtenido malos resultados debido a que en su mayoría no son recién egresados y habrían ‘olvidado parte de sus conocimientos’; lo cual no deja de ser cierto. Pero cabe preguntarse ¿No existirá un nivel mínimo de conocimientos que debiera manejar un médico, en todo momento de su vida profesional? Si para ejercer en la atención primaria se requiere, al menos, los conocimientos generales aprendidos en el pregrado, entonces el ‘efecto tiempo’, en vez de ser una justificación para la incompetencia, debiera ser razón para exigir, como en los países desarrollados, la acreditación continua.
La segunda reflexión tiene que ver con las consecuencias de la aplicación parcial del Examen Único Nacional de Conocimientos en Medicina. Al servir sólo para que quienes quieran trabajar en el sector público, acrediten cierto nivel de competencia, existe un riesgo claro de desplazar un número no menor de profesionales a ejercer privadamente. Sin embargo, esta migración no podrá ser absorbida por las instituciones privadas serias y reconocidas, que seguramente exigirán el cumplimiento de los mismos estándares; al contrario, proliferarán aún más las consultas individuales, donde es mucho más difícil ejercer un control eficaz para proteger a los pacientes de la incompetencia de algunos.
En síntesis, los resultados del Examen Médico Nacional dan una voz de alerta frente a la necesidad de garantizar que en Chile, sea cual sea el lugar donde se es atendido, todos los pacientes reciban atención médica de calidad y con conocimientos debidamente actualizados. Por ello nos parece necesario avanzar hacia la aplicación universal de dicho examen para ejercer la profesión médica, y a establecer un sistema de acreditación continua.
viernes, 14 de noviembre de 2008
Notificaciones de VIH ¿gestión o algo más?
La sociedad chilena ha visto consternada las informaciones sobre la no notificación de VIH; especialmente el que no fuese algo puntual y específico de un determinado centro hospitalario, sino una realidad que se repite a lo largo del país.
Varios personeros han acusado al sector público de salud de fallas en la gestión. Según algunos, esas fallas se deberían a la insuficiencia de recursos del sector, especialmente para atraer "gestores" a los servicios y centros hospitalarios; otros culpan a las reformas que descentralizaron el SNS y lo hicieron más permeable a la "injerencia política"; finalmente están los que creen que el sector público es por esencia ineficiente, y abogan por una mayor preponderancia del sector privado. Sin embargo, quedó en evidencia que el problema se repite también en el sector privado. ¿Hay entonces un problema de gestión en ambos sectores? Puede ser, pero más importante es que queda claro que el problema va más allá de la gestión.
Se atribuye también responsabilidad a una "mala ley". Puede ser que una ley corregida entregue mejores herramientas para controlar la epidemia. Sin embargo, el problema es mucho más profundo. A diferencia de otras enfermedades de transmisión sexual, el SIDA/VIH surge como problema de salud pública en un contexto social cada vez más individualista. Así, la tendencia mundial fue propugnar una defensa a ultranza de la primacía de la autonomía individual, bajo el slogan de la "confidencialidad".
Una nueva Ley del Sida debiera recoger como lección el que el control de una enfermedad tan grave no puede recaer en la voluntad del portador de ser informado, o de querer informar a sus contactos. Está por verse cuántas son las personas contagiadas por portadores no notificados; pero igualmente importante sería saber cuántas son las personas contagiadas por portadores que, sabiéndose enfermos, prefirieron no alertar a sus parejas de su situación. Si las personas así contagiadas pudieron haber sido alertadas por personal sanitario, como es el caso de cónyuges de portadores, y no lo fueron, como sociedad les hemos fallado. Les hemos fallado en nuestro deber de cuidarnos los unos a los otros.
Varios personeros han acusado al sector público de salud de fallas en la gestión. Según algunos, esas fallas se deberían a la insuficiencia de recursos del sector, especialmente para atraer "gestores" a los servicios y centros hospitalarios; otros culpan a las reformas que descentralizaron el SNS y lo hicieron más permeable a la "injerencia política"; finalmente están los que creen que el sector público es por esencia ineficiente, y abogan por una mayor preponderancia del sector privado. Sin embargo, quedó en evidencia que el problema se repite también en el sector privado. ¿Hay entonces un problema de gestión en ambos sectores? Puede ser, pero más importante es que queda claro que el problema va más allá de la gestión.
Se atribuye también responsabilidad a una "mala ley". Puede ser que una ley corregida entregue mejores herramientas para controlar la epidemia. Sin embargo, el problema es mucho más profundo. A diferencia de otras enfermedades de transmisión sexual, el SIDA/VIH surge como problema de salud pública en un contexto social cada vez más individualista. Así, la tendencia mundial fue propugnar una defensa a ultranza de la primacía de la autonomía individual, bajo el slogan de la "confidencialidad".
Una nueva Ley del Sida debiera recoger como lección el que el control de una enfermedad tan grave no puede recaer en la voluntad del portador de ser informado, o de querer informar a sus contactos. Está por verse cuántas son las personas contagiadas por portadores no notificados; pero igualmente importante sería saber cuántas son las personas contagiadas por portadores que, sabiéndose enfermos, prefirieron no alertar a sus parejas de su situación. Si las personas así contagiadas pudieron haber sido alertadas por personal sanitario, como es el caso de cónyuges de portadores, y no lo fueron, como sociedad les hemos fallado. Les hemos fallado en nuestro deber de cuidarnos los unos a los otros.
martes, 21 de octubre de 2008
Las aristas éticas de la crisis por la (no) notificación de VIH.
En carta a El Mercurio, el Dr. Kotow invita a la reflexión ética acerca de las prácticas sanitarias relacionadas con el VIH/SIDA, enfatizando la necesidad de una “acusiosidad ética extrema” en el trato para quienes pertenecen a poblaciones de riesgo, para evitar la discriminación.
Comenzando por identificar el ámbito del problema, el VIH/SIDA se sitúa, por una parte, en un ámbito personal; es padecido individualmente por el portador/enfermo. Si todo el sistema sanitario está organizado para beneficio de las personas, sin discriminación, entonces nunca debiera permitirse que su intervención genere discriminación alguna, sea cual sea la enfermedad del paciente. El Ministerio de Salud ha tenido presente la necesidad de mejorar la protección de la privacidad de los pacientes, incorporándola al proyecto de ley sobre derechos y deberes de las personas en la atención de salud, el que ha logrado importantes avances gracias al trabajo de nuestros parlamentarios.
Sin embargo, el VIH/SIDA se sitúa también en el ámbito público. Como otras enfermedades transmisibles, constituye un problema para quienes podrían contagiarse por un portador del virus, de no mediar algún tipo de intervención. Hasta ahora, tal intervención ha recaído principalmente en la conducta de “sexo seguro” del portador, y de la prevención que hagan los potenciales contactos incentivados a tener conductas seguras a través de múltiples campañas de prevención. La pregunta que se sigue es ¿estamos haciendo todo lo necesario para enfrentar la pandemia del VIH/SIDA?
En este ámbito se evidencia el conflicto entre las teorías éticas que habitualmente sirven para enmarcar la definición de las políticas públicas. Por una parte, la ética que enfatiza la libertad individual, reflejada en la defensa a ultranza la autonomía y los “derechos” individuales; por otra parte, una ética que enfatiza la maximización de la utilidad social, aunque esto signifique relativizar derechos individuales.
Quizás para solucionar este conflicto sea necesario recordar que leyes, derechos, normas, y sistema sanitario, son constructos sociales cuyo fin último es servir al bien de las personas. Dilucidar cuál es el bien que nuestra sociedad quiere para las personas que la componen, será la pauta para saber si en este y otros casos, estamos o no haciendo lo suficiente.
Comenzando por identificar el ámbito del problema, el VIH/SIDA se sitúa, por una parte, en un ámbito personal; es padecido individualmente por el portador/enfermo. Si todo el sistema sanitario está organizado para beneficio de las personas, sin discriminación, entonces nunca debiera permitirse que su intervención genere discriminación alguna, sea cual sea la enfermedad del paciente. El Ministerio de Salud ha tenido presente la necesidad de mejorar la protección de la privacidad de los pacientes, incorporándola al proyecto de ley sobre derechos y deberes de las personas en la atención de salud, el que ha logrado importantes avances gracias al trabajo de nuestros parlamentarios.
Sin embargo, el VIH/SIDA se sitúa también en el ámbito público. Como otras enfermedades transmisibles, constituye un problema para quienes podrían contagiarse por un portador del virus, de no mediar algún tipo de intervención. Hasta ahora, tal intervención ha recaído principalmente en la conducta de “sexo seguro” del portador, y de la prevención que hagan los potenciales contactos incentivados a tener conductas seguras a través de múltiples campañas de prevención. La pregunta que se sigue es ¿estamos haciendo todo lo necesario para enfrentar la pandemia del VIH/SIDA?
En este ámbito se evidencia el conflicto entre las teorías éticas que habitualmente sirven para enmarcar la definición de las políticas públicas. Por una parte, la ética que enfatiza la libertad individual, reflejada en la defensa a ultranza la autonomía y los “derechos” individuales; por otra parte, una ética que enfatiza la maximización de la utilidad social, aunque esto signifique relativizar derechos individuales.
Quizás para solucionar este conflicto sea necesario recordar que leyes, derechos, normas, y sistema sanitario, son constructos sociales cuyo fin último es servir al bien de las personas. Dilucidar cuál es el bien que nuestra sociedad quiere para las personas que la componen, será la pauta para saber si en este y otros casos, estamos o no haciendo lo suficiente.
lunes, 8 de septiembre de 2008
Inequalities and healthcare reform in Chile
Burrows J. J.Med.Ethics 2008;34;e13
ABSTRACT
Chile has achieved great success in terms of growth and development. However, growing inequalities exist in relation to income and health status. The previous Chilean government began to reform the healthcare system with the aim of reducing health inequities. What is meant by ‘‘equity’’ in this context? What is the extent of the equity aimed for? A normative framework is required for public policy-makers to consider ideas about fairness in their decisions about healthcare reform. This paper aims to discuss the main features of the Chilean healthcare reform and their implications for such a normative framework.
Available at http://jme.bmj.com/cgi/reprint/34/9/e13
Request of copies jaimeburrows@gmail.com
ABSTRACT
Chile has achieved great success in terms of growth and development. However, growing inequalities exist in relation to income and health status. The previous Chilean government began to reform the healthcare system with the aim of reducing health inequities. What is meant by ‘‘equity’’ in this context? What is the extent of the equity aimed for? A normative framework is required for public policy-makers to consider ideas about fairness in their decisions about healthcare reform. This paper aims to discuss the main features of the Chilean healthcare reform and their implications for such a normative framework.
Available at http://jme.bmj.com/cgi/reprint/34/9/e13
Request of copies jaimeburrows@gmail.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
